Una comisión bicameral de diputados y senadores, junto con la participación ciudadana, serán quienes determinen los nombres y denominaciones de obras, monumentos, espacios, aniversarios, eventos, entidades, etc.
Descripción
Ampliada
Se
trata de un proyecto de ley que propone que sea sólo el Congreso Nacional –el
ámbito democrático por excelencia, donde se ven representadas todas las fuerzas
políticas- quien tenga la facultad de establecer nombres a bienes muebles e
inmuebles del Estado, vías de circulación, obras, monumentos, espacios,
aniversarios, eventos, entidades y en general y en cualquier otro supuesto en
que el Estado Nacional deba asignar nombres o denominaciones.
Para ello, se creará una
comisión bicameral –ocho senadores y ocho diputados- y se incentivará la
participación ciudadana a través de la realización de una Audiencia Pública, donde
los interesados puedan participar aportando sugerencias e impugnaciones.
El proyecto propone que no
puedan utilizarse para la denominación:
-personas vivas o fallecidas
dentro de los diez (10) años anteriores a la sanción de esta ley
-personas que se hubiesen
desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto
- lo que conlleve
connotaciones político partidarias;
-lo que sea contrario a los
valores democráticos, a la paz y la concordia social, o que signifiquen una reivindicación
de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas.
Fundamentos
Los
bienes públicos son de todos y no hay que imponerlos en la memoria colectiva.
Pero desde hace décadas, en nuestro país los partidos gobernantes les asignan
nombres o denominaciones como homenajes en vida a figuras políticas recientemente
fallecidas como triunfo político sobre adversarios y para glorificarlas.
Objetivo
El
objetivo de este proyecto es acabar con las prácticas antidemocráticas como el
culto a la personalidad, la acción pública guiada por la idolatría política, la
confusión permanente entre Estado y gobernantes, la promoción sistemática de
los funcionarios públicos a través de la abundante publicidad oficial y el uso
impúdico de los bienes y recursos públicos con fines privados.
